Comunicado sobre la aplicación de la figura del juicio político

Las 55 organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional sobre el inicio de la aplicación de la figura del juicio político contra altos funcionarios del Estado.

PRIMERO: Expresamos nuestra profunda preocupación ante la decisión del Congreso Nacional de activar un juicio político contra el fiscal general del Estado sin haber reformado previamente dicha figura para adecuarla a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras y otras sentencias relevantes del Sistema Interamericano.

SEGUNDO: Recordamos que el artículo 15 de la Constitución de la República establece que el Estado hondureño tiene la obligación de cumplir las sentencias internacionales de las que Honduras forma parte y que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las sentencias de la Corte IDH en las que Honduras no es parte pueden ser “relacionadas y desarrolladas pertinentemente como derecho vinculante también para el Estado de Honduras”.

TERCERO: Denunciamos que, al ignorar deliberadamente la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, el Congreso Nacional debilita aún más la institucionalidad y profundiza la crisis de legitimidad democrática, pues aplicar el juicio político sin adecuarlo a los parámetros interamericanos no fortalece las instituciones, más bien coloca al país ante la posibilidad de una nueva denuncia internacional cuyos costos políticos y económicos caerán sobre las espaldas del pueblo hondureño. Las presuntas arbitrariedades que se le imputan al fiscal general no pueden corregirse con otra arbitrariedad por parte del Congreso.

CUARTO: Exigimos al Congreso Nacional que, si realmente busca fortalecer el Ministerio Público y cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, primero reforme la figura del juicio político conforme a las sentencias de la Corte IDH y luego lo aplique. Y si finalmente se destituye legalmente al actual fiscal general, con la precariedad legal antes referida, la única decisión coherente sería elegir a la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores, quien obtuvo la calificación más alta en el proceso de selección (95.55%) y cuenta con una trayectoria profesional reconocida, sin vínculos de corrupción ni sometimiento al poder político.

Siguatepeque, Comayagua, 25 de marzo de 2026.

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