COMUNICADO SOBRE LA AGRESIÓN POLICIAL A ESTUDIANTE DE LA UNAH

Las 55 organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional sobre la grave agresión policial ocurrida en una manifestación en Tegucigalpa, donde el estudiante Axel Josué Medina Castellanos, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), perdió un ojo por un disparo de la Policía.

PRIMERO: Expresamos nuestra profunda preocupación y repudio ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que resultó en lesiones graves e irreversibles contra un estudiante en ejercicio de su derecho a la protesta social. Este hecho viola el principio de que, en manifestaciones, el uso de la fuerza debe ser legal, necesario, proporcional y no discriminatorio.

SEGUNDO: Recordamos que los estándares internacionales en materia de abordaje de la protesta social establecen claramente que los proyectiles de impacto cinético, incluidas las balas de goma, nunca deben dispararse indiscriminadamente ni dirigirse a la cabeza o al torso. Apuntar a la cara de un estudiante en una protesta es contrario a la Constitución de la República y a los estándares internacionales de derechos humanos.

TERCERO: Exigimos al Ministerio Público que inicie de inmediato una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esta agresión. Asimismo, demandamos a la Secretaría de Derechos Humanos que inicie de inmediato los procedimientos necesarios para garantizar la reparación integral a la víctima, incluyendo atención médica especializada, compensación económica y medidas de no repetición.

CUARTO: Urgimos al titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Seguridad, que realice una investigación interna urgente para revisar los protocolos de actuación policial en manifestaciones, adecuarlos a los estándares internacionales y aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los responsables, tanto a los agentes que dispararon como a quienes impartieron las órdenes de represión desproporcionada.

QUINTO: Reafirmamos la legitimidad de la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, de sus instituciones y de las asignaciones presupuestarias necesarias para su sostenimiento y fortalecimiento, como una causa profundamente democrática y necesaria para enfrentar las desigualdades históricas que afectan a la juventud hondureña. En un país marcado por profundas brechas sociales y territoriales, fortalecer la educación pública significa ampliar oportunidades, promover movilidad social y construir ciudadanía.

Siguatepeque, Comayagua, 22 de abril de 2026.