COMUNICADO PÚBLICO - Día de la tierra

En el marco del Día Mundial de la Tierra, 56 organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), movimientos sociales y campesinos alzamos nuestra voz para reafirmar que el acceso a la tierra no es un privilegio, sino un derecho humano universal, profundamente vinculado a la vida, la dignidad y la justicia social.

Hoy, en Honduras, este derecho sigue siendo sistemáticamente vulnerado. Las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso equitativo a la tierra han fallado, debilitando los principios históricos de la reforma agraria y profundizando las desigualdades en las zonas rurales.

• Advertimos que en el actual contexto se avanza en la consolidación de un marco normativo e institucional que favorece intereses extractivos y agroindustriales en detrimento de los derechos colectivos. La reactivación de una “ventanilla única” para agilizar licencias ambientales, la presentación de iniciativas orientadas a otorgar protección jurídica preferente al sector agroindustrial, como la Ley de Reactivación del Sector Agroindustrial, la que incluye facilidades administrativas, declaratorias de inafectabilidad de tierras y uso inmediato de fuerzas de seguridad ante conflictos.

• Expresamos preocupación ante la sostenida instrumentalización del derecho penal para criminalizar las luchas legítimas por la tierra, así como por el anuncio de reformas orientadas a endurecer el delito de usurpación y ampliar su aplicación en contextos de conflictividad territorial. Estas medidas, junto con la ejecución de desalojos, profundizan una lógica de persecución contra quienes defienden derechos fundamentales, en lugar de resolver las causas estructurales de los conflictos.

• Denunciamos también la grave situación de los ríos, cuyos cauces han sido afectados por la contaminación química, la extracción indiscriminada de arena y otras actividades que deterioran el equilibrio ambiental. Estas prácticas vulneran el derecho humano al agua y a la salud, comprometiendo la vida de miles de personas que dependen de estos recursos.

Ante este escenario, demandamos al Estado hondureño que asuma con responsabilidad su rol: fortalecer el control ambiental, garantizar la fiscalización efectiva de las empresas, impulsar una política agraria orientada al acceso justo a la tierra y a la resolución estructural de los conflictos socioterritoriales, e implementar políticas públicas que detengan las afectaciones y reparen los daños causados en las comunidades.

Finalmente, exigimos un alto a la impunidad frente a los asesinatos de defensoras y defensores de la tierra, el territorio y los bienes comunes. La violencia contra quienes protegen la vida no puede seguir siendo ignorada. La justicia no puede seguir siendo una promesa vacía.

Hoy más que nunca, reafirmamos que defender la tierra es defender la vida.

¡Por el derecho a la tierra, al agua y a un ambiente sano!

¡Por la dignidad de nuestros pueblos!

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, 22 de abril de 2026