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La candidatura de JOH a la Presidencia de la República

La candidatura de JOH

Este trabajo es una adecuación realizada por Alejandro Fernández Ludeña del artículo de Joaquín A. Mejía Rivera, “Aspectos centrales sobre la ilegalidad y la ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández”, revista Envío-Honduras, Año 15, núm. 51, ERIC-SJ, Tegucigalpa, febrero 2017, pp. 12-20.

Uno de los temas más discutidos en los últimos meses es el de la reelección presidencial. La Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre para que el actual Presidente pueda presentarse de nuevo a las elecciones y volver a ser elegido. Y el Gobierno y sus voceros dicen que la reelección es legal, pues obedece a una decisión de la Corte Suprema.

El regreso del militarismo

El regreso del militarismo

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Este trabajo es una adecuación realizada por AlejandroFernández Ludeña del artículo de Joaquín A. Mejía Rivera, “El discurso militarista y sus efectos de poder”, revista Envío-Honduras, Año 14, núm. 50, ERIC-SJ, Tegucigalpa, septiembre 2016, pp. 16-21.

Honduras es, o debería ser, un Estado de derecho. Es decir, un país que se rige por leyes ordenadas en torno a una Constitución, que es aceptada y ha sido aprobada por el conjunto de la población. En la práctica, esto se traduce en que cualquier organismo del Estado, o institución pública o privada, debe desarrollar su labor res petando la ley, ante la cual todos y todas somos iguales.

Estado y despojo

Estado, despojo y derechos humanos

Joaquín Mejía
(coordinador)
Prólogo de Hugo Noé Pino

Marvin Barahona
Ana Ortega
Regina Fonseca
Gilda Rivera
José Luis Rocha
Equipo de Investigación del ERIC-SJ:
Yolanda González Cerdeira, Elvin Hernández,
Orlando Posadas y Gustavo Cardoza

Solo un gobierno legítimo es garantía del respeto a los derechos humanos y la dignidad humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. La efectiva realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales representa un aspecto central de nuestro modelo constitucional, ya que constituye la razón de ser del Estado, mide el nivel de progreso de la democracia y representa la base de legitimidad sobre la que deben descansar las instituciones públicas.

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