Archivan caso de desaparición de Francisco Pascual López pese a llamado urgente de la ONU

Tegucigalpa, 10 de marzo de 2026.- El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), nos dirigimos a la opinión pública con el objetivo de denunciar la falta de voluntad política de las instituciones estatales con respecto al caso de la desaparición forzada del señor Francisco Pascual López, que deja en absoluta impunidad este grave hecho.

El 24 de julio del año 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar al campesino Francisco Pascual López, e investigar y sancionar a quienes son responsables de su desaparición forzada.

Pese a esta resolución, el 31 de octubre de 2025, la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) del Ministerio Público decidió archivar las diligencias sobre el caso, justificándose en las graves falencias que el propio Estado cometió en la investigación de los hechos.

El 6 de noviembre de 2025, las organizaciones representantes presentamos ante el Fiscal General del Estado una impugnación a esta decisión, quien el 9 de diciembre de 2025 ratificó el archivo de la investigación, justificando nuevamente que no se obtuvo un resultado concluyente ni existen nuevas líneas de investigación, pese a que ello es consecuencia directa de las omisiones y negligencia del Ministerio Público en realizar una oportuna investigación seria y efectiva.​

Con esta decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público de Honduras, se profundiza la situación de impunidad que por más de una década ha rodeado la desaparición forzada de la víctima. Esto implica que los hechos seguirán sin esclarecerse, que continuará desconociéndose el destino final del señor Francisco Pascual López y que sus familiares seguirán privados de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

A su vez, tal decisión representa un incumplimiento estatal de su obligación de realizar diligencias concretas y efectivas de investigación tendientes a localizarlo y determinar las responsabilidades intelectuales y materiales de su desaparición y presunta muerte, y vulnerando el derecho de los familiares de la víctima a conocer la verdad sobre lo sucedido a ésta y su paradero.

Finalmente, recordamos lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que la desaparición forzada es una práctica que despoja a las personas de toda su humanidad e implica un craso abandono de los principios esenciales del Estado de derecho y de una sociedad democrática. Lograr que el estado asuma su responsabilidad con la búsqueda de Francisco Pascual López es abrir una brecha de acceso a la Justicia para otras tantas víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto agrario en el Aguán.